Por: Carlos León De La Cruz
Docente de la Escuela de Economía

En los últimos días, presenciamos con estupor las propuestas legislativas económicas que lanza el Congreso, muchas de ellas no son nuevas, quizás nuestros congresistas requieran algunas clases de historia económica, para entender la gravedad de lo que proponen.

Para empezar, Reyna (2000) recopila algunas políticas económicas del peor gobierno republicano de los últimos 100 años: el aprista de 1985-1990. Una de las medidas de este gobierno, fue el congelamiento de intereses bancarios (incluyendo los servicios públicos y diversos precios de la economía, en muchos casos se redujeron tasas de interés y precios en 50%), la buena intención de la medida fue: “no afectar el ingreso de las mayorías” y “estabilizar los precios productivos”.

Los resultados de estas buenas intenciones, son parte de nuestra historia: una hiperinflación que liquidó los ingresos de dichas mayorías y nos heredó un enorme panorama de inestabilidad; una recesión tan profunda que amplificó la informalidad económica, la pobreza y le dio viada a políticos oportunistas y aventureros, que hoy son la “normalidad” tanto en el Ejecutivo y sobre todo en el aparato Legislativo.

Tales lecciones de historia parecen no haber calado en nuestros congresistas, o simplemente se guían por la superficialidad de sus análisis (o la ignorancia histórica y económica), el aplauso barato y la no menos peligrosa guía, de sus propios intereses y clientelismos.

Miremos debajo de la superficie, hay nueve proyectos de ley presentados a la Comisión de Economía, que promueven la suspensión, exoneración y/o congelamiento de intereses bancarios, inclusive las deudas. Además, los productos abarcan las tarjetas de crédito, hipotecas y cualquier préstamo, además. algunos proyectos de ley abarcan los servicios públicos (electricidad, gas, internet, comunicaciones y alquileres); las propuestas implican suspensiones que van de 2 a 12 meses.

Suena atractivo y maravilloso para quienes tenemos deudas, sobre todo si miramos las tasas de interés vigentes, para algunos productos financieros que podrían ser parte de la norma. Por ejemplo (en datos promedios de la SBS para los últimos 30 días): 44.34% anual, cuestan las deudas en soles para tarjetas de crédito (con un rango que va de 24.03% a 151.70%). Mientras que los créditos hipotecarios en soles, tienen una media de 7.28% anual (con un rango de 6.66% a 13.81%).

Si bien, algunas tasas de interés pueden ser ostensiblemente altas, esto no necesariamente significa una conducta usurera o un ladrón de corbata, esto sólo refleja lo pequeño, asimétrico y riesgoso que es el mercado peruano, en materia de productos financieros.

Para muestra algunos datos desde la Encuesta de Hogares (2019) y el MEF (2020): sólo 7.5% de hogares tienen tarjeta de crédito, un 39.5% tienen cuentas de ahorro y sólo 5.7% de microempresas accede al crédito. Por tanto, el financiamiento de las entidades bancarias es necesariamente con deuda, lo cual encarece el mercado. La ausencia de cuentas financieras, es además un reflejo de la ausencia de información financiera para la mayoría de hogares, lo que implica costos de búsqueda, de análisis de riesgo y demás indicadores de perfil crediticio, encareciendo más la tasa de interés.

Las bajas tasas de interés hipotecarias (en comparación al crédito de consumo), son un reflejo de un mercado avalado (garantizado) por el estado, lo que reduce riesgos o es producto de clientes que evidencian ingresos permanentes y/o bancarizados, lo que implica una fuente menos riesgosa de pagos, además de tener mayor información de los clientes, incluyendo también, la ventaja de contar con colaterales inmobiliarios.

Es cierto que las familias ahora están en mala situación financiera, muchas de ellas perdieron empleo e ingresos, sin embargo la legislación que promueve el Congreso solo “beneficiaría” a la minoría, la mayoría seguiría sin acceso al mercado financiero.  Estas familias ya tienen suficiente sin acceder a los bonos del gobierno, como para liquidar cualquier esperanza de acceso crediticio futuro.

Esto sería, a no dudarlo, el resultado de dichas normas propuestas, debido a que si dejamos de pagar las deudas (por muy popular que sea), se producen varios procesos económicamente nefastos; primero se crea un menor incentivo a expandir los créditos por parte de la banca poderosa, que hoy enfrenta riesgos de todos los tipos, hasta de su mala imagen con los políticos y ciudadanos.

Pero vayamos más allá de la gran banca, la congelación de pagos le daría un tiro de gracia a las entidades financieras más pequeñas, quienes viven de estos intereses aparentemente altos, pero que reflejan los altos costos de proveer dinero en mercados de escasa información. Menos cobros, es menos liquidez y alto riesgo, lo que obligaría a elevar sus patrimonios inyectando fondos, para pagar los ahorros (cuyas tasas también son altas), estas entidades terminarían cerrando operaciones, quedándose con las más rentables o seguras o simplemente podrían entrar en insolvencia.

Lo anterior es una restricción crediticia que, nuevamente, está en los libros de historia, que nuestros congresistas parecen desconocer o simplemente no entender. Dichas restricciones sólo agravarían la recesión económica en la que ya estamos. El Perú parece que se enfrenta no sólo a la pandemia, la pobreza y el desempleo; sino también a un Congreso realmente peligroso, ya no para este corto plazo, sino que podría llevarnos de vuelta a ese pasado triste de economía del tercer mundo, que tanto ha costado reconstruir.

Si el Congreso quisiera pensar en las mayorías, debería legislar en pro del acceso financiero, antes que congelar tasas o precios; ellos incluso no piensan que en el sector financiero y de servicios públicos, hay miles de trabajadores que enfrentarían también el desempleo gracias a sus medidas, desempleo que debemos reducir no aumentar.

Si tuviéramos legislación bien intencionada y además con bases económicas coherentes, deberíamos generar competencia para el sector financiero, el Banco de la Nación puede temporalmente dar créditos a familias, lo cual requiere reformas constitucionales, o legislar para que el Fondo Mivivienda cubra cuotas o intereses de los créditos hipotecarios temporalmente. Sin embargo, medidas difíciles, complejas o mejor pensadas, parecen ajenas a los legisladores, el populismo sale barato para ellos, pero caro para el magullado Perú del bicentenario.

Si el Congreso, tuviera analistas de mejor perfil, quizás podrían aprender o al menos debatir ideas, como las de Céspedes, Chang y Velazco (2020), quienes encuentran que los incentivos fiscales tradicionales, no parecen ser efectivos para contener la mezcla de desempleo, baja productividad esperada post pandemia y restricción crediticia probable, ante clientes-empresarios cuyos negocios pierden solvencia rápidamente.

En buena cuenta, no es hora de manejos tributarios ni de gastar al viejo estilo de transferencias de gasto público del centro a las regiones (como muchos decretos recientes aprobados por el gobierno central) que son lentas, poco transparentes en su uso final y atomizan el gasto fiscal en momentos que exigen todo lo contrario.

Ellos encuentran más efectividad en medidas no convencionales, como entregar alimentos en puerta (desincentivando además la salida a las calles) usando activamente la logística social empresarial (una ausencia de colaboración que evidencia la falta de tino de la burocracia estatal); o subsidiando el salario inclusive totalmente (en Perú ese subsidio ha sido tibio y poco efectivo).

Ya en el plano financiero, el estudio también recomienda la posibilidad de subsidios a las tasas de interés (con efectos limitados, pero contienen el desempleo y la restricción crediticia), garantizar las deudas de las empresas pequeñas (que esperemos logre el segundo tramo de Reactiva Perú) y ser efectivo en la entrega de dinero a las familias, un aspecto aún pendiente en la agenda de los bonos familiares.

En todo esto, el Congreso pudo exigir mejoras, cambios o legislar para ello, antes que promover medidas (y dar discursos -algunos muy intensos- solo para el aplauso de una minoría), con una clamorosa ausencia de conocimiento de los mercados y la realidad peruana.

Suena arriesgado subsidiar intereses, pero es mejor ello a romper la cadena de pagos financieros, porque eso nos lleva a una debacle ya no solo del sector real, sino una crisis financiera que nos llevará a una lenta salida de esta recesión.

El Perú ya tiene suficiente con combatir la pandemia en medio de la carencia de todo; de pelear con corruptos que surgen día a día; de la escasa transparencia fiscal que ya nos hizo perder algún grado de inversión y con una economía en rumbo de colisión; como para tener que lidiar con la pandemia de ignorancia que deriva de nuestro Congreso.