El Estado peruano frente a la pandemia
Por: Mtro. Freddy R. Centurión González
Docente de la Escuela de Derecho USAT
Docente de la Escuela de Derecho USAT
Un tema de vital importancia en la presente coyuntura es la situación del Estado de Derecho ante los desafíos planteados por la actual epidemia del COVID-19, y el nuevo entorno que nos plantea.
No puede existir un Estado sin que los ciudadanos reconozcamos un conjunto de reglas para garantizar la coexistencia pacífica, superando el llamado “estado de naturaleza” donde primaba la ley del más fuerte. Autores como Hobbes y Locke teorizaron sobre cómo el ser humano, buscando seguridad, renunció a varios de sus derechos, confiándolos a un ente poderoso, el Estado, a cambio que este hiciera cumplir los derechos restantes. Y a lo largo de los últimos dos siglos, hemos visto la constante lucha por hacer respetar dichos derechos frente a los excesos de la actuación del Estado. Y de allí surge la idea del Estado de Derecho, donde tanto gobernantes como gobernados están sujetas a las mismas leyes.
Dos cosas caracterizan al Estado contemporáneo: su fuerza coercitiva, es decir, el poder de hacer cumplir sus normas; y su capacidad tributaria, el recaudar los impuestos recibidos de la ciudadanía, y distribuirlos eficazmente en servicios para el bien común. Pero un Estado es frágil cuando estas dos ideas no se materializan o se concretan mal, y en el caso peruano, la epidemia ha encontrado, qué duda cabe, al Estado Peruano en una situación delicada.
La fuerza coercitiva del Estado está seriamente afectada ante la situación del Poder Judicial, y las constantes denuncias de corrupción, pese al esfuerzo de numerosos probos magistrados. Si a eso sumamos el letargo, la falta de transparencia en algunos procesos, la poca digitalización de los procesos, tenemos como resultado un sistema de justicia poco eficiente en el proceso y poco eficaz en sus resultados. De allí que casi nadie confíe en la justicia peruana.
El hacinamiento en los penales plantea otro reto frente a la coyuntura. Se puede entender el argumento de evitar el contagio masivo de COVID-19 en las cárceles, pero se ha visto salir de las cárceles, para cumplir prisiones domiciliarias, a personajes destacados envueltos en casos de corrupción y con prisión preventiva. Ello, sin duda, será visto por muchos, como una suerte de privilegio, y qué duda cabe, con mucha incomprensión ante el drama humano dentro de los penales.
Superada esta epidemia, habiendo recuperado una cierta normalidad, aflorarán numerosas dudas jurídicas sobre la situación excepcional que estamos viviendo; si ya nos quejábamos de la sobrecarga judicial, después del COVID-19, los litigios se incrementarán exponencialmente.
Sin impuestos sobre los individuos, el Estado no puede ofrecer servicios a sus ciudadanos y desarrollar el importante vínculo entre el gobierno y la población que encontramos en los Estados fuertes. Cuando un gobierno necesita dinero de su pueblo para funcionar, este tiene el derecho de hacer escuchar sus demandas y encontrar soluciones por parte del Estado. La fragilidad de la capacidad recaudadora del Estado ha sido dejada en evidencia por el enorme peso de la informalidad en la economía peruana, casi el 65 %. Y el sector formal debe seguir cumpliendo con el pago de los tributos. Lo que se recauda termina siendo mal empleado o desviado por la corrupción. No es de sorprender la evasión tributaria que en 2018 llegó a 66 mil millones de soles.
El desafío económico que genera la epidemia y los estados de emergencia dictados por el gobierno, es enorme. El cierre forzoso de muchos establecimientos y las restricciones a la circulación normal de las personas por las calles, genera por fuerza, la reducción en la oferta de bienes y servicios, y en los ingresos de las familias que viven del día a día o cuyos sustentos han perdido sus empleos. En países con una mayor tasa de formalidad y con sistemas de seguro de desempleo, los pagos del seguro amortiguarían ese problema, pero en nuestro país, a pesar del crecimiento económico visto en las últimas dos décadas, no contamos con un buen sistema de seguro de desempleo, y con el peso de la economía informal, se optó por el sistema de los bonos, pero ello ha terminado por ser contraproducente: como muestra, basta con mencionar las colas en los bancos, muchas veces sin respetar la mínima distancia.
Se requiere suma responsabilidad del recientemente instalado Congreso de la República, pero las conductas de los nuevos parlamentarios dan poco margen a la esperanza. Por mencionar un caso, habiendo temas urgentes para debatir en el pretendido “primer poder del Estado”, los congresistas prefirieron el tema de sus declaraciones juradas.
Si hay un “primer poder del Estado”, al menos en los hechos, ese es el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Vizcarra, que ha capeado con desigual suerte, las sucesivas crisis que se le han presentado. Las amplias funciones que la Constitución asigna al Ejecutivo, se han visto reforzados más, si cabe, por la presente emergencia. Y es que, frente al desafío de la pandemia, urge responder con velocidad, la que no existe cuando se delibera por días o meses como en el caso del Legislativo; así como también se debe evitar exponer a la población al contagio, lo que ha mantenido cerrados por buen tiempo a los tribunales.
Las respuestas de los gobiernos, a nivel mundial, se entienden excepcionales ante la facilidad de propagación del virus y su alta mortalidad. En esa línea, el gobierno peruano tomó medidas cerrando el país por dentro y por fuera, con miles de policías y militares supervisando el respeto del confinamiento; además adoptó medidas y apoyos económicos, en base a las reservas acumuladas en dos décadas de buen manejo económico. Dicho estado de emergencia y las limitaciones a los derechos de tránsito y reunión, fueron las medidas más responsables dada la circunstancia, medidas paternalistas, pero enfocada desde la salud pública (interpretando el artículo 137° de la Constitución).
Pero con un Estado como el que tenemos, es difícil enfrentar la epidemia. Y la afrontamos de forma renqueante, viendo espectáculos que van desde la incompetencia de algunas autoridades, el espíritu carroñero de otras, la irresponsabilidad e inconsciencia de parte de la población (que lastimosamente han afectado el buen nombre de los departamentos del norte del Perú). Todo lo que estuvo mal antes del COVID-19, ha empeorado. Basta con mencionar los problemas del sector salud, pese al esfuerzo heroico, y hasta incomprendido, del personal médico. Pero también se puede apreciar esperanza, heroísmo y solidaridad ante esta coyuntura.
Urgen reformas en el aparato del Estado, cierto es. El gran reto, sin embargo, es hacerlas dentro de los cauces legales. El Estado de Derecho, el imperio de la Ley, es el bastión fundamental que tenemos frente a los abusos y lesiones a la dignidad inherente de la persona. La situación es difícil, y se necesita autoridad frente a la situación, pero cuidemos de no caer en el autoritarismo, una tentación que los peruanos hemos vivido constantemente a lo largo de casi dos siglos de accidentada historia republicana.
