La violencia sexual en menores y sus graves repercusiones: una demanda urgente por mayor protección y atención psicológica en instituciones públicas
En la región de Lambayeque, se han reportado más de 40 casos de abuso sexual a niños y adolescentes, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Estas cifras evidencian una preocupante vulnerabilidad que afecta a los menores en esta zona, donde la falta de supervisión familiar y el limitado acceso a mecanismos de protección han permitido un aumento en los casos de violencia sexual. La situación refleja una crisis urgente que debe ser abordada a nivel local, dadas las graves repercusiones que tiene en la infancia.
Asimismo, entre las causas más comunes de estos abusos están la desintegración familiar, la falta de una supervisión parental adecuada y la insuficiencia de programas preventivos efectivos. Las secuelas psicológicas que sufren los niños son profundas y afectan su desarrollo emocional, aumentando la complejidad de su recuperación.
La violencia sexual en menores provoca graves daños en su salud mental, causando trastornos como ansiedad, depresión y Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). Las consecuencias para los niños son devastadoras y de largo plazo. Los menores que son víctimas de violencia sexual no solo experimentan problemas emocionales, sino que también enfrentan dificultades en su rendimiento escolar, aislamiento social y conductas disruptivas. Estos efectos negativos alteran su desarrollo integral, afectando tanto su capacidad para establecer relaciones saludables como su autoestima, lo que subraya la gravedad de la violencia sexual en esta población vulnerable.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú es responsable de promover la igualdad de género y proteger los derechos de mujeres y poblaciones vulnerables. Fundado en 1996, su misión es garantizar la equidad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres, mientras que su visión busca construir una sociedad libre de violencia y discriminación. Sus actividades incluyen políticas públicas, programas de prevención, atención a víctimas y capacitación en derechos humanos, guiados por valores de equidad, inclusión y respeto.
