“Las penas altas no han logrado desanimar ni detener a los corruptos”
Los hechos de corrupción se han convertido en el pan de cada día en nuestro país, pues, conforme pasan los meses, se incrementa la cifra de políticos y funcionarios públicos involucrados en este tipo de delitos.
Pese a que existen sanciones sumamente altas para los servidores del Estado que cometan estos actos delictivos, las cuales fueron aumentadas durante el gobierno de Alejandro Toledo, la corrupción continúa creciendo día con día.
Así lo explica el docente ordinario de la Facultad de Derecho de la USAT, Miguel Ángel Falla Rosado, quien señala que las penas muchas veces llegan a los 35 años en prisión, sin embargo, esto no ha desanimado ni ha detenido a los corruptos en este camino de coimas y sobornos.
Pero, ¿qué es lo causa tanta corrupción y, por ende, retraso para el país? El abogado penalista menciona que la burocracia dentro de las instituciones públicas y privadas es una puerta abierta para caer en este mundo de actos delictivos.
“La posibilidad de corrupción aumenta con la burocracia, pues esta hace más lento un sistema al presentar demasiados pasos. Lo que ella busca es controlar, pero este control puede ser fácilmente burlado al saltarse todos los procesos por los que se debe pasar”, explica.
Los procesos burocráticos que muchos ciudadanos tienen que experimentar a diario también promueven los sobornos administrativos, los cuales, representan una amenaza para el desarrollo sostenible del país.
“El gran problema en el Perú es que estamos acostumbrados al ‘Que importa que robe pero que haga obras’. Eso está muy mal, pues la posta o escuela que no se implementa, la carretera que no se construye o el desayuno que no se entrega, pone en juego la vida de muchas personas”, afirma.
La ‘tramitomanía’ también ha generado que cerca del 70% del presupuesto que reciben algunas municipalidades sea revertido al Estado, lo cual, de acuerdo al especialista, ha causado una detracción en la economía.
“Si alguien se da el lujo de devolver un monto así, no significa que seamos un país pobre, sino que no sabe administrar ni ejercer control sobre sus recursos. Quiero pensar, además, que esto se ha generado por la falta de proyectos y no por intentar obtener ese dinero de manera informal”, menciona.
La burocracia afecta a todos los sectores del país, pues algunos trámites se manejan a nivel de la municipalidad, pero otros, con las gerencias de cada región, lugares hasta donde la corrupción también ha llegado con fuerza.
“Si tenemos altos índices de desnutrición o enfermedades que se vienen, ¿por qué no gastar en salud? Me parece grave que tampoco se invierta en educación o en mujeres en situación de riesgo, los cuales, son algunos de los objetivos del milenio. Si ese desarrollo económico no está orientado al crecimiento del país, estamos muy mal”, destaca.
Una de las alternativas que propone el docente de Derecho Penal es la reducción de los permisos para la inversión y, de esta manera, desburocratizar la posibilidad de ventas al Estado, promoviendo un control efectivo.
“Podemos tomar en cuenta el ejemplo de Chile, país que tiene solo un órgano que fiscaliza los procesos de compra y venta del Gobierno. Así las gestiones van a ser mucho más transparentes”, indica.
Otra de las medidas que propone es diagnosticar cuáles son las zonas grises que ayudan al fortalecimiento de la corrupción e investigarla desde el punto de vista criminológico. Asimismo, el abogado penalista resalta la importancia de educar en valores dentro de los hogares.
Actualmente existen más de 23 mil funcionarios procesados por delitos de corrupción en el Perú. Tan solo en Chiclayo, ya dos alcaldes se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva, mientras que, a nivel nacional, ya hay muchos más servidores públicos a quienes se les sigue el rastro.
